Mundo rural
la resistencia necesaria
Desafíos, luchas y esperanzas de un modo de vida en peligro de extinción
Entrevista
Valentín Cabero
"En la defensa de este legado histórico y patrimonial todos estamos implicados"
El 27 de Diciembre de 2013 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida comúnmente como Ley Montoro. Esta Ley lleva a cabo una profunda reforma del sistema de gobierno local español regido hasta ahora por la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 que aseguraba la independencia de los municipios. La nueva ley, inspirada en el principio“Una administración, una competencia” responde al objetivo de racionalizar las estructuras locales de acuerdo a “los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”.
Desde su aprobación, múltiples municipios, plataformas y juntas vecinales han mostrado su rechazo ante una Ley que “pone en cuestión el futuro de los servicios y bienes de gestión comunal” y que afecta directamente al medio rural y sus habitantes. Valentín Cabero, Decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y gran estudioso de los paisajes rurales de la península, lleva varios años advirtiendo sobre las graves consecuencias de la aplicación de esta ley en el medio rural.
¿En qué contexto se aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?
La ley se aprueba en un contexto político que impone la “estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas”, es decir, el ajuste económico frente a la atención al ciudadano y a la calidad de los servicios.
La ley se desarrolló bajo el argumento de que las entidades locales menores cuestan dinero. ¿Es cierto ese planteamiento?
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración es un buen ejemplo de retórica oportunista y de ocultación y enmascaramiento de la realidad, al colocar a los ayuntamientos al servicio de la economía y de los ajustes presupuestarios, y no de los ciudadanos. La ley se llena de falacias en torno a la deuda municipal, del ahorro posible y de las competencias impropias de los ayuntamientos con población inferior a los 20.000 habitantes.
¿Cuáles son los objetivos de esta ley y qué consecuencias tiene para el
medio rural?
La ley tiene dos grandes objetivos soterrados: la privatización de los
servicios públicos que aún quedan en el medio rural, concentrándose
en las nuevas unidades administrativas y diputaciones provinciales; y la privatización de los bienes comunales, contribuyendo a los procesos de acaparamiento de tierras por parte del gran capital. Con ello, el medio rural se enfrenta a nuevos procesos de abandono y de exclusión. La consecuencia más grave es el vaciamiento de los servicios sociales en el mundo rural. Además, la cohesión de las comunidades locales, ya de por si rota, queda gravemente desamparada al privar a los habitantes de las competencias más próximas, reduciéndose a lo mínimo. Por otra parte, de perderse la entidad administrativa de las juntas vecinales o de los concejos, al igual que la de numerosos municipios pequeños, se ciernen graves amenazas de desamortización sobre los cuantiosos bienes comunales de nuestros pueblos.
¿A qué tipo de entidades locales afecta esta Ley?
Afecta, en principio, a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, pero lógicamente son los municipios más pequeños, como los que existen en Castilla y León, los que se verán más afectados por las reformas. Aunque se han atenuado en la ley los requisitos administrativos exigidos a las entidades locales menores (Pedanías, Juntas Vecinales y Concejos) para su continuidad y reconocimiento como entes con personalidad propia, el armazón legislativo y la filosofía en su contra se mantienen. Y esto es una amenaza del sentido plenamente democrático de sus competencias concejiles, que figuran en la base misma de nuestro comportamiento democrático más secular.
"La consecuencia más grave es el vaciamiento de los servicios sociales en el mundo rural"
¿Por qué el mundo rural ha de oponerse a esta ley?
Porque la Ley violenta la soberanía municipal y la Carta Europea de la Autonomía Local, basada en el principio de democracia y descentralización de poderes. Privar a los municipios de competencias que fortalecen el Estado del Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales) y calificarlas de “impropias” resulta ofensivo para los entes rurales que tanto esfuerzo han hecho en la prestación de servicios a sus habitantes. Por otra parte, de perderse la entidad administrativa de las juntas vecinales o de los concejos, al igual que la de numerosos municipios pequeños, en absoluto endeudados como falazmente pretende hacernos ver la Ley, se ciernen graves amenazas de desamortización sobre los cuantiosos bienes comunales y estratégicos de nuestros pueblos.
Documental Stop al Expolio de los bienes comunales Plataforma Stop Expolio
Valentín cabero en una escena del documental Stop al expolio de los bienes comunales
Estamos en un proceso de cambio político, ¿crees que el nuevo contexto político servirá para dar marcha atrás con esta ley?
En las circunstancias actuales necesitamos repensar la integración del medio rural en un desarrollo sensato. Por ello es necesario que la ley desaparezca, aunque nada se escucha al respecto por parte de los candidatos y fuerzas políticas que pretenden gestionar el futuro. Precisamente la FAO, por un lado, y la propia ONU, por otro, ante el fracaso de las garantías alimentarias a escala global y de las sucesivas frustraciones de las cumbres ante el cambio climático, ven en el medio rural y en sus recursos públicos y comunales una verdadera
alternativa para frenar y detener los desmanes medioambientales y afrontar con inteligencia agroecológica y sentido común el futuro. Ni los actuales instrumentos políticos están preparados para afrontarlo, ni las directrices productivistas y tecnocráticas de la PAC son el camino. En la defensa de este legado histórico y patrimonial todos estamos implicados, comenzando por la sensibilidad y sensatez de los poderes públicos y dando protagonismo a la cultura campesina, pues buena parte de nuestro futuro (medioambiental, agroganadero y forestal, cultural, social…) descansa en estos bienes, si sabemos conservar y optimizar sus recursos con armonía y solidaridad.
